De un tiempo a esta parte, el uso de patinetes eléctricos y otros pequeños vehículos eléctricos parecen haber inundado las calles de las ciudades de nuestro país. Por una parte, el atractivo de estos vehículos es evidente: son cómodos, baratos y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, se encuentran en un limbo legal que precisa de reformas legislativas sin más demora.
Por ello, cada vez son más los juristas que reclaman una verdadera modificación de la Ley General de Tráfico para dar cabida a la ordenación de estos vehículos. Por su parte, la Dirección General de Tráfico se muestra de acuerdo con afrontar estas medidas reformativas con el principal fin de “garantizar la seguridad de los peatones”, en palabras del jefe de la Unidad Normativa de la DGT, Javier Villalba, que añade: “Hay que actualizar la Ley General de Tráfico y adaptarla para garantizar la protección del peatón”.
Y dar respuesta a este primer objetivo tiene una base sólida: estos vehículos (patinetes, segways, bicicletas eléctricas, entre otros) circulan por lo general por las aceras —aunque también lo hacen en los carriles bici y en las mismas vías que el tráfico rodado—, lo que sin duda pone en riesgo la seguridad de los viandantes. Y este riesgo no es infundado: se trata de vehículos a motor (a diferencia de las bicicletas, que funcionan por tracción humana) que pueden alcanzar velocidades superiores a 20 kilómetros por hora, carecen de la obligatoriedad de contratar un seguro y no necesitan ningún tipo de carnet para poder emplearlos. En definitiva, son vehículos comparables a una moto o un coche y sin embargo no están obligados a ningún control por parte de las administraciones.
Lo que desde el gobierno y por parte de muchos juristas se reclama es una ley general que abarque todo el Estado para garantizar la homogeneidad legislativa, pues de esta forma se podrá evitar la creación de normas locales que confundan a los ciudadanos (tanto a los usuarios de estos vehículos como a los peatones): si cada ciudad cuenta con unas normas propias (y diferentes), la población no sabrá a qué atenerse en cada caso, lo que creará confusión y, por ende, un aumento de la inseguridad, indican.
Otra de las reclamaciones es la obligatoriedad de la contratación de un seguro a terceros por parte de los usuarios de vehículos eléctricos. Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, así lo explica: “Cualquier vehículo considerado de motor o no, que circule por una vía, como un patinete o similares, debería regularse y suscribir una póliza de seguro con daño a terceros. Es el mismo caso que cualquier vehículo de motor. […] Esa situación hay que partirla del valor del riesgo. […] Si este usuario atropellara a alguien y le matara, podría llegar a pagar 200.000 euros aplicables desde el propio baremo de indemnizaciones de tráfico”. A lo que añade que la reforma legislativa se debería llevar a cabo mediante una regulación administrativa “en el Real Decreto Ley 6/2015 […], sin describirlo de forma detallada para evitar que quedara excluido cualquier tipo de estos nuevos vehículos”.
En cuanto al tipo de seguro que se debería contratar, los expertos señalan que “la responsabilidad directa es de la persona que lo conduce, es el mismo caso de las bicicletas. Puede generarle un quebranto económico, como cuando un peatón causa un accidente si no hubiera seguro. […] hay determinados seguros del hogar que engloban este tipo de situaciones y que podría darle la cobertura. En estos casos habría que ver los límites de dicho seguro del hogar”.
Si hay algo en lo que coincidan desde todos los frentes es en la necesidad de endurecer las leyes sobre seguridad vial, tal como indica Daniel Vosseler, letrado experto en seguridad vial y responsabilidad civil, líder de la candidatura “Barcelona Com tu” para las próximas elecciones municipales de Barcelona: “La primera gran reforma legislativa necesaria sería introducir los patinetes como vehículos a motor. En este momento no lo son. Tendrían que serlo como las motocicletas porque llevan un motor”. Y añade que “si se va a utilizar en vías públicas debería existir un seguro de responsabilidad civil. Hay muchos siniestros en Barcelona causados por patinetes y esas personas no pueden responder por carecer de seguro ante esos accidentes”, por lo que cree necesario el endurecimiento de las leyes sobre seguridad vial. “No puede ser más grave apropiarse de un email que matar a una persona con un coche. Hay que reformar mucho la legislación de tráfico y, en especial, los delitos graves en materia de circulación”. A lo que agrega que “es necesario contar con un servicio público de calidad, económico que motive al ciudadano a dejar su vehículo si acude a la ciudad”.
Las cifras sobre siniestros en la ciudad de Barcelona hablan por sí solas: 12.000 víctimas en accidentes de tráfico, entre muertes y heridos, de las cuales 8.000 son debidas a accidentes de moto. Vosseler aboga por un plan de contingencia con el fin de poner freno a estas estadísticas. Para ello, en el programa electoral de “Barcelona Com tu”, se propone el uso de los carriles motos, pues la Ciudad Condal es una de las que más vehículos de este tipo tiene, cerca de 300.000, así como la posibilidad de que puedan circular por los carriles bus, si se proyecta una ampliación de estos de 1,5 metros. La seguridad no está reñida con el cuidado del medio ambiente, concluye Vosseler: “El futuro pasa por los vehículos eléctricos. Eso reduciría drásticamente el nivel de contaminación de ciudades como Barcelona”.
