Más de 600 personas denuncian que no han recibido la formación contratada
GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona
El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha ordenado que se averigue el paradero de E.R.B., el propietario de la red de academias Institut Access, que fue denunciado por una presunta estafa por cerrar estos centros dejando colgados a miles de alumnos. La juez tomó la decisión después de recibir un comunicado de losMossos d’Esquadra en el que decían que no habían localizado al querellado en ninguna de las dos direcciones de Barcelona que les constan ni haber respondido a los teléfonos que tienen, entre ellos un móvil. Por eso, el juzgado pide a los agentes que se busque al denunciado a través del servicio de requerimiento policial de los Mossos para saber si consta algún domicilio en todo
el territorio nacional.
A finales de noviembre, el juzgado abrió diligencias previas a partir de una querella de centenares de afectados que están representados por los letrados Daniel Vosseler y Liliana Villanueva, del despacho Vosseler Abogados. Tras conocer
esta denuncia por estafa, la juez ordenó una investigación policial y pidió conocer la versión del querellado, aunque los agentes no han conseguido dar con él. La querella especifica que E.R.B. era el administrador de las sociedades
Institut Access que se utilizaban para abrir centros que impartían formación para opositores, pruebas libres de Formación Profesional o ESO.Había nueve centros repartidos por Barcelona, Madrid, Mataró, Sant Andreu de la Barca, Badalona o Vilanova i la Geltrú.
Gracias al trabajo del querellado y de sus comerciales, firmaron unos 5.800 contratos de enseñanza en sumayoría con jóvenes en paro que «veían en el acceso a la función pública la única solución a sus problemas», según la querella.
Entre 2007 y 2011, los afectados firmaron contratos y abonaron por adelantado cantidades que van entre los 900 a los 3.000 euros. A cambio se les ofrecía «la magnífica garantía de aprobación de la oposición en tres años, y en caso contrario, la devolución del importe abonado».
El despacho Vosseler Abogados representa a más de 600 personas que ya han comparecido en el juzgado como afectados. En el momento de presentar la querella, los letrados explicaron que muchas personas se han sumado al proceso a partir de conocer la querella por las redes sociales. Según un primer cálculo, el dinero presuntamente estafado a los alumnos ascendía a unos 270.630 euros, aunque la cantidad puede aumentar si se tienen en cuenta nuevas reclamaciones. La cifra resulta del total de dinero que pagó cada afectado, entre 1.000 y 3.000 euros por el curso, más una indemnización de 1.000 euros para cada uno por daños y perjuicios. La clausura de estos centros también perjudicó a trabajadores como
profesores, comerciales y administrativos que se han quedado sin cobrar.
Además, se debe dinero a proveedores de servicios como los dueños de campos de tiro donde los aspirantes a cuerpos de seguridad practicaban, empresas que hacían la publicidad o varias copisterías encargadas de las fotocopias. Los
denunciantes explican algún caso de alumnos que formalizaron la matrícula el 2 de noviembre y el 4 cerraba el único centro que quedaba abierto, ubicado en el barrio de Les Corts de Barcelona.
