El tribunal de primera instancia considera que la eléctrica obró de mala fe y abre la puerta a un goteo de demandas en este sentido
El Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona ha puesto en un brete a Endesa por la forma en que facturaba el consumo de electricidad a las pymes. El tribunal encabezado por Maria Millán Gisbert ha dado la razón a un grupo de pymes, representadas por Vosseler Abogados, en sus reiterados intentos de que la eléctrica le devolviera las bonificaciones que debía realizar en base de los consumos de la compañía.
El periplo de la pyme empezó en 2012, cuando detectó que en sus facturas eléctricas no se incluían los descuentos previstos en la ley que establece las tarifas de acceso a las redes de distribución y transporte energéticos vigente en ese momento, una norma firmada en 2001 por el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato. Desde ese momento, intentó que la eléctrica le devolviera las cantidades que se había olvidado de bonificar y que no persistiera en el error de facturación. Pero la eléctrica no cambió de parecer, tal y como sus propios representantes legales reconocieron en el juicio.
Mala fe procesal
La magistrada Millán afirma en su sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, que ha existido “mala fe” porque “la actora ya había reclamado extrajudicialmente a la demandada antes de iniciar las presentes acciones judiciales”. Además de ponerse en contacto en varias ocasiones con Endesa, interpuso una reclamación ante la Generalitat, quien también falló a favor de la pyme y reconoció el error de Endesa.
Ante la falta de intención de la eléctrica de cambiar su actitud, la mercantil decidió en 2013 iniciar el proceso judicial. Cuando llegó la vista, el grupo dirigido por Borja Prado decidió allanarse. Reconoció las acusaciones recogidas en la demanda y se comprometió a pagar los 5.832,66 euros que le reclamaba la pyme. Al final, debido a la mala fe procesal decretada por la juez, también ha asumido el pago de las costas y los intereses.
Goteo de reclamaciones
Endesa ya ha consignado en el juzgado catalán casi 8.000 euros para dar carpetazo al proceso. El verdadero problema para la eléctrica no es esta cantidad, indican fuentes del sector. El tribunal de primera instancia de Barcelona sienta un precedente para que el resto de abonados a la denominada tarifa 3.0 (un consumo mayor de 15KW) inicien procesos legales similares.
Abre la puerta a que colectivos como otras pymes, comunidades de vecinos, comercios y algún ayuntamiento de tamaño medio también reclamen las bonificaciones que no se han aplicado en las facturas de electricidad que aún no han prescrito. Vosseler Abogados incluso ha creado una plataforma para gestionar las demandas, un mecanismo que ya ha sido usado por una quincena de compañías, indican desde el bufete de la capital catalana.
El goteo de reclamaciones puede impactar de forma considerable en las cuentas de resultado de Endesa. La cantidad que ha tenido que pagar a la pymel corresponde a un consumo medio mensual de unos 150 euros, pero se encuentran en la misma situación firmas que llegan a abonar hasta 35.000 euros en electricidad.
