En junio de 2013, un joven motorista sufrió lesiones muy graves que se podrían haber evitado. Como en tantas otras ocasiones, esta vez la causa fue ajena al conductor, pues al deslizarse por el asfalto su cuerpo acabó chocando contra un elemento que se debería haber retirado hace tiempo, pues formaba parte de unas obras que habían finalizado tres años atrás.
P. M. O., sevillano de origen, vio como su vida daba un giro de 360 grados el día que rodaba con su moto por una carreta a la altura del término municipal de Fuente Tojar cuando su vehículo se deslizó por el asfalto y acabó chocando contra un poste de unas obras que habían acabado hacía tres años. Consecuencia del accidente P. M. O. perdió una pierna. A causa de ello, quedó totalmente incapacitado. Le es imposible trabajar así como desarrollar actividad alguna, por lo que su situación es francamente difícil. Desde el despacho de abogados que lleva su causa, Vosseler Abogados, se ha gestionado una pensión para la víctima, una pequeña ayuda para sobrellevar tan delicada coyuntura.
En septiembre de 2014, Mónica Santiago, abogada de Vosseler Abogados, en nombre de su cliente, denunció a la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV), alegando que el poste debería haberse retirado hacía tres años, cuando concluyeron las obras de las que formaba parte. Sin embargo, finalmente la CFV desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial con fecha 19 de septiembre de 2017.
Reconocimiento parcial de responsabilidad
Cerca de siete años después del accidente, el TSJ de Andalucía ha estimado el recurso a esta reclamación, pero solo en parte: el 70 por ciento de la responsabilidad recaería en la víctima y el 30 por ciento restante en la Junta de Andalucía. Así, de la cantidad de 242.043,15 euros que había fijado la inspectora médica de los servicios sanitarios, le corresponde al demandante 90.000 euros.
Tras esta notificación, Mónica Santiago ha declarado: “[Se trata de ] una reclamación que tiene los cauces normales, en este caso se hace por vía contenciosa administrativa al intervenir una entidad pública que tiene unos pasos muy tasados”. Y añade: “Hay unos plazos que marca la normativa contenciosa y se forma el expediente administrativo con la documentación de la causa. Tras varios trámites y alegaciones, se llega a una resolución administrativa que es extrajudicial […]. […] en este caso fue negativa por parte de la Junta de Andalucía [por lo que] desestimaba la petición y señalaba que el único problema lo había generado el mal hacer de nuestro cliente, por exceso de velocidad. Toda responsabilidad era suya y no tenía derecho a reclamar nada”. Y agrega en cuanto a la resolución: “Solo valora las secuelas y el periodo de incapacidad temporal, no valora nada más. Creemos que es escasa y habiendo una amputación es fundamental que se contemple a futuro distintos elementos como las prótesis que deberá usar. Cada prótesis suele tener un coste de 50.000 euros y se renuevan por cinco años […]. Eso supone que de los más de 200.00 euros que se le daba al principio se pase a ese porcentaje del 30 por ciento, que da lugar esos 90.000 euros de los que estamos hablando. Pero no incluye gastos futuros”.
Ahora el caso está en la mesa del Tribunal Supremo, pues P.O.M ha presentado de la mano de Vosseler Abogados un recurso de casación. Veremos como termina…
