Mónica, de 33 años y con tres hijas menores de edad, falleció el 21 de junio de 2008 en el hospital Parc Taulí de Sabadell a causa de una infección de la bacteria estreptococo.
Dos días antes, Mónica acudió al hospital Parc Taulí de Sabadell, derivada desde un ambulatorio de Cerdañola porque hacía días que tenía 40 grados de fiebre y dolor de garganta y además estaba empezando a tener la rodilla hinchada.
En Urgencias le diagnosticaron amigdalitis aguda y artritis por el dolor de rodilla y le recetaron antiinflamatorios pero aun así le dieron el alta, por considerar la doctora que los síntomas remitían. Horas después Mónica empeoró, hinchándosele otras articulaciones del cuerpo. Fue entonces cuando su madre acudió al ambulatorio con los resultados de las analíticas que le habían hecho en el hospital y la derivaron al hospital a causa de la gravedad de Mónica.
Cuando llegaron al Parc Taulí el servicio de Urgencias estaba colapsado y Mónica estuvo durante horas en el pasillo con una silla de ruedas, mientras le administraban medicación. Fue alrededor de las diez de la noche cuando la entraron a quirófano, después de que los familiares hubieran visto a los médicos correr, diciendo que iban tarde.
Fue entonces cuando les dijeron que Mónica tenía una bacteria muy peligrosa por todo el cuerpo, conocida como “comecarne”. Mientras estaba Mónica en el quirófano una enfermera iba informando al marido y a los padres de las extremidades afectadas que tenían que amputar. Horas después Mónica murió. El cirujano les reconoció que cuando entró a quirófano no había nada que hacer.
Los familiares, representados por la abogada Mónica Santiago del despacho jurídico Vosseler Abogados, decidieron interponer una demanda contra el hospital Parc taulí y el CatSalut. No ha sido hasta ocho años después cuando el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona ha condenado a la administración sanitaria a indemnizar a los familiares con unos 275.000 euros más los intereses legales por negligencia médica, al considerar que la doctora tenía toda la información necesaria para diagnosticar la infección bacteriana y actuar consecuentemente.
Aunque la sentencia judicial no es firme y el hospital la ha recurrido, los familiares desean que el largo proceso termine pronto y que la decisión sirva a la Administración sanitaria para mejorar la atención a los pacientes.
